lunes, 24 de junio de 2013

Juicio en la Audiencia Nacional

Se inicia en la Audiencia Nacional el juicio contra cuatro acusados de terrorismo, que negaron los hechos, e incluso pusieron en duda la existencia de la banda armada a la que están acusados de pertenecer.
Para dos de ellos, Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, el fiscal pidió en cada caso 20 años de cárcel. 
Según la acusación, ambos tramaban a finales de noviembre de 2011 un atentado para el Día de la Constitucíón. A las 8.15 horas del 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega se reunió con Vigo Domínguez, para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente. Tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche, aunque fue interceptado por la Policía Nacional sobre las 9.15 horas en el peaje de la autovía AP-9, en la localidad de Teo, perteneciente a Santiago de Compostela.

Para los otros dos acusados, María Osorio López y Antón Santos Pérez, el fiscal solicita 12 años de cárcel en cada caso. Les imputa por tener documentación sobre las acciones de Resistencia Galega en sus ordenadores personales. Y también por los documentos de identidad falsificados con sus fotografías que fueron hallados por la policía en casa de Fiallega.

En relación con estos hechos, Eduardo Vigo explicó que desconocía el contenido de la bolsa de deporte que contenía los explosivos y que la recogió, como un favor personal que le hizo a Roberto Rodríguez, por la "amistad" que les une y por lo que no pensó que fuera "nada" ilegal.

Respecto de la documentación falsa incautada, Eduardo Vigo indicó que la documentación no estuvo en su poder, al tiempo que ha denunciado que, "como independentista gallego", no tiene el mismo trato que el resto de los reclusos en la cárcel. Vigo ha negado conocer la existencia de 'Resistencia Galega' y ha dicho que para él la palabra "resistencia" no significa "nada".

Roberto Rodríguez aseguró que fue a recoger la bolsa que contenía los explosivos "debajo de un puente" tras leer una nota con las indicaciones necesarias para hallarla, que encontró dirigida a él en el centro social al que acudía con asiduidad. 
También rechazó haber visto "en ningún momento" la documentación falsa encontrada en el registro de su domicilio, y afirmó que las pelucas eran para "carnavales".

"Estoy a favor de que los procesos políticos se resuelvan por vías democráticas", manifestó Antón Santos durante su interrogatorio, en el que agregó que no tiene ninguna vinculación con el terrorismo independentista. Santos aseguró que, debido a que es doctor en Historia y, en aquel momento, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, el ordenador que se le incautó contenía "todo tipo de materiales" para sus investigaciones "históricas".

En último lugar, declaró María Osorio, quien dijo no tener explicación para que se haya encontrado un DNI falso en el domicilio de Rodríguez con su fotografía. En cambio, reconoció haber sido militante de base de la Asamblea da Mocidade Independentista (AMI), en la que desarrollaba campañas políticas, asistencia a reuniones, despliegues de pancartas y protestas, por ejemplo, contra Empresas de Trabajo Temporal (ETTs).

A petición de la defensa comparecieron como testigos los portavoces de los grupos parlamentarios gallegos, que declararon a través de videoconferencia.
El líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, señaló que desde los años ochenta el nacionalismo gallego renunció al uso de la violencia política. “No me consta que en Galicia haya un grupo terrorista organizado”, afirmó Beiras, quien fue reprendido con un “¡usted cállese!” por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, cuando insistió en hacer una declaración al margen de las preguntas.
Jorquera (BNG) destacó el carácter pacífico del nacionalismo aunque admitió que se han producido en los últimos años ataques con explosivos a sedes políticas y empresariales. Tanto Pedro Puy, del PP, como el socialista Abel Losada recordaron que oficinas de sus partidos en distintas localidades han sufrido explosiones en los últimos años y que esas acciones preocupan a los militantes. También declaró desde el Parlamento el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, quien insistió en que hay grupos violentos en Galicia que suponen “un potencial daño a personas y bienes”.

A preguntas del fiscal, un experto policial aseguró que Antón Santos y María Osorio López dirigían la Asamblea da Mocidade Independentista (AMI), la organización juvenil que captaba a los futuros miembros del ese grupo terrorista. Era ahí donde se estrenaban con acciones de "bajo nivel" para pasar luego a la organización, que, tal y como ha dicho, defiende la violencia como medio para conseguir su objetivo: la independencia de Galicia.

Los dos acusados han reconocido haber participado en alguna de las actividades de montaña organizadas por la Asociación de Montaña Aguas Limpias (AMAL), donde según el experto se adoctrina a los independentistas. De hecho, ha subrayado el perito, AMAL organiza excursiones y otras actividades que rememoran los lugares que frecuentaban los dirigentes del extinto grupo terrorista Exército Guerrilleiro do Povo Galeigo Ceive, desarticulado en 1993 y del que Resistencia Galega, según el fiscal, es sucesora.

El fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo de Azcárraga niega la existencia de una "causa general contra el independentismo", y aseguró que la justicia tan solo persigue a quienes promueven el "radical y violento". "Existe una organización terrorista que no se llama ni AMI ni Amal", sostiene en su escrito de acusación en alusión a fuerzas independentistas diferentes de Resistencia Galega, que considera una banda terrorista. "No se trata de criminalizar el independentismo radical , sino el radical y violento", explica.

En ese documento, el fiscal rebate los argumentos de la defensa y peritos de esta y sostiene que no existe terrorismo de "baja intensidad", sino de "baja calidad", es decir, con escasa capacidad de realizar acciones violentas. Ahí argumenta lo que él entiende por terrorismo para justificar las peticiones de pena a los acusados. "No es preciso que se haya producido alarma social", puesto que considera, citando la declaración del portavoz parlamentario socialista Abel Losada, que la existencia de un artefacto explosivo "atemoriza". La policía atribuye a miembros de Resistencia Galega medio centenar de acciones, entre ataques a sedes de partidos e intereses y viviendas privadas, a pesar de que un abogado de la defensa marcó distancias ayer con bandas como ETA o Al Qaeda. "No hay asesinatos, secuestros, coches bomba, bombas lapa. Se trata de otro tipo de acciones", alegó.

El fiscal de la causa considera probada la existencia en Galicia de una organización terrorista pequeña, pero que cumple los principales requisitos de esta, como el intento de lograr la "independencia" a través de actos violentos, "vocación de permanencia" y "distribución de roles y papeles". "La peculiaridad de esta organización, que está constituida por muy pocas personas, muy seleccionada, personas de mucha confianza", escribe el fiscal.

La defensa de los acusados presentó como peritos al profesor de Ciencia Política Carlos Taibo y al catedrático de instituto Bernardo Maiz para tratar de desacreditar las conclusiones de los expertos policiales. Taibo aseguró que pese al carácter terrorista que se le atribuye, las acciones de este grupo no se han materializado de forma violenta excepto por el envío de «cartas bomba de dudosa autoría», «No ha habido delitos de sangre, secuestros ni daños económicos graves», condiciones necesarias, a su juicio, para que un grupo se considere violento o terrorista.

El juicio quedó visto para sentencia dos días más tarde.

El 12 de septiembre se dió a conocer la sentencia por la cual Eduardo Vigo y Roberto Domínguez fueron condenados a 18 años cada uno por participación en organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y falsificación de documentos oficiales con fines terroristas. Antón Santos y María Osorio fueron condenados a diez años por los mismos delitos salvo el de tenencia de explosivos.
Los tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia consideran probado que Domínguez y Vigo se reunieron el día en que fueron detenidos, el 30 de noviembre de 2011, y que el primero entregó al segundo tres termos con 2,3, 1,7 y 1,8 kilogramos de explosivos que habrían "puesto en peligro la vida e integridad de las personas".
En sus domicilios se encontraron una olla con 3,2 kilos de sustancias explosivas, documentación relacionada con el independentismo radical, así como documentación falsa, listas de posibles objetivos y un manual sobre técnicas de interrogatorio de la CIA, entre otros.
El material explosivo incautado se parece al utilizado en otros artefactos explosionados o desactivados, según los análisis de los peritos incluido en la sentencia.
Santos y Osorio, detenidos poco después, formaban parte de la estructura del independentismo radical violento y realizaron diversas labores de apoyo, según los jueces, como la captación de "nuevos combatientes".
Según la policía, “Antón García Matos y Antón Santos Pérez se conocen personalmente desde que Antón Santos era menor de edad y García Matos era miembro del desarticulado grupo terrorista Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive”. Tras trabar amistad,  Antón García Matos alias ‘Toninho’, “se encargó del adoctrinamiento de Antón Santos, llegando a convertirse en su hombre de confianza”.

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