domingo, 30 de junio de 2013

Publicado informe sobre Resistencia Galega

El grupo terrorista Resistencia Galega (RG), surgido en 2005, podría dar un “salto cualitativo” si no se combate en todos los frentes, según el informe titulado “Resistencia Gallega: una organización terrorista emergente”, elaborado por Mikel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. 
Buesa ha realizado este análisis desde la Cátedra de Economía del Terrorismo, que viene realizando en los últimos años distintos análisis sobre las consecuencias y derivadas del problema terrorista. 
El estudio de Buesa llega a estas conclusiones tras apuntar que RG es todavía es un grupo terrorista “comparativamente débil”, debido a su limitada capacidad “para obtener los recursos humanos y materiales con los que desarrollar una campaña permanente”.
En este sentido, esta investigación se refiere a que la banda terrorista gallega “se nutre principalmente de las aportaciones de los militantes y simpatizantes, así como de la venta de ‘merchandising’ y de la organización de actuaciones musicales”. “Los recursos financieros que se han allegado por estas vías”, se asegura en el informe, “son probablemente muy escasos, lo que hace casi seguro que la organización carezca de personas liberadas o que éstas sean muy pocas”.



viernes, 28 de junio de 2013

Mociones en los ayuntamientos

El BNG e independientes de localidades de La Coruña y Lugo han expresado sus primeras negativas a la moción del PP de condena contra el terrorismo de Resistencia Galega.
En Otero de Rey, salió adelante la moción de condena a cualquier acto terrorista, «e por suposto o levado a cabo por Resistencia Galega». La propuesta llegó de la mano del gobierno, del PP, y se encontró con el apoyo del PSOE, que votó a favor, y la oposición del BNG, que lo hizo en contra. El único edil nacionalista, Arcadio Lombao, se negó a apoyar esta propuesta de condena del terrorismo, pero aclaró que el BNG «sempre estivo en contra da violencia, e levámolo demostrado nas institucións e na rúa. Estamos contra o terrorismo, pero vostedes tratan de vincular os actos de violencia a algún partido político, neste caso, ao noso, e iso non o aceptamos», subrayó Lombao.
En Oleiros, el gobierno local, en manos de Alternativa dos Veciños, ni siquiera aprobó la urgencia para debatir esa moción por motivos similares al caso de Sada. El portavoz del PP, Andrés Delgado, dijo que están defraudados con la actitud del alcalde», y lamentó que un gobierno democrático se niegue a condenar el terrorismo».
En Arteixo, el PSOE acusó al PP de usar una cortina de humo para esconder sus problemas. La moción se aprobó con los votos del PP, se abstuvo PSOE y BNG.

martes, 25 de junio de 2013

Declaraciones responsables políticos

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha aseverado que la denominada 'Resistencia Galega' es una organización terrorista, al tiempo que ha manifestado que espera que así lo considere la Audiencia Nacional e imponga a los acusados de pertenecer al grupo las penas que les corresponda.

   "Tenemos la suficiente experiencia en España después de muchos años en saber a qué se dedican unas personas que ponen bombas como para intentar a esto calificarlo de otra manera. Hemos vivido muchos años muy tristes de violencia y terrorismo como para hacernos nosotros mismo trampas al solitario", ha sentenciado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa en la que ha presentado la campaña 'Mi casa a salvo'.

   Según el secretario de Estado, está claro que se trata de una organización terrorista ya que tiene "objetivos", "división de tareas", "comandos" y usa artefactos explosivos. "No estamos ante hechos aislados sino ante acciones delictivas grupales", ha señalado, para insistir en que "no estamos ante nada que se pueda calificar de otra forma" que de "organización terrorista".

   En este sentido, ha tachado de "lamentable" y "fuera de lugar" cualquier intento "de hacerlos pasar por otra cosa". "Que nadie pretenda desde la óptica política o la que sea hacer que esto pase por ser lo que no es", ha advertido.

   "Esto es terrorismo y por tanto merece la reacción penal que merece siempre el terrorismo, y por supuesto, la más absoluta y firme condena desde las instancias políticas. No se me ocurre otra forma de entenderlo", ha sentenciado.

.- El delegado del Gobierno, Samuel Juárez, reiteró sus críticas a los dirigentes de los dos grupos nacionalistas por sus «ambigüedades y posiciones intermedias». «Me preocupan ciertas actitudes del BNG y de AGE, y me gustaría que tuvieran una postura de condena clara contra Resistencia Galega». En una entrevista con Fernanda Tabarés en el programa Vía V, de V Televisión, el delegado del Gobierno volvió a emplazar a AGE y al BNG a «llamar a las cosas por su nombre y a aceptar que lo de Resistencia Galega es terrorismo». Juárez recordó que a esa organización se le atribuyen varios atentados con explosivos que solo causaron daños materiales, pero podían haber provocado «daños a personas» .

lunes, 24 de junio de 2013

Juicio en la Audiencia Nacional

Se inicia en la Audiencia Nacional el juicio contra cuatro acusados de terrorismo, que negaron los hechos, e incluso pusieron en duda la existencia de la banda armada a la que están acusados de pertenecer.
Para dos de ellos, Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega, el fiscal pidió en cada caso 20 años de cárcel. 
Según la acusación, ambos tramaban a finales de noviembre de 2011 un atentado para el Día de la Constitucíón. A las 8.15 horas del 30 de noviembre de 2011, Rodríguez Fiallega se reunió con Vigo Domínguez, para entregarle tres termos metálicos de unos 25 centímetros de altura y 12,5 de diámetro en cuyo interior había 2.394, 1.744 y 1.860 gramos de explosivo, respectivamente. Tras recoger los artefactos, Vigo Domínguez emprendió un viaje en coche, aunque fue interceptado por la Policía Nacional sobre las 9.15 horas en el peaje de la autovía AP-9, en la localidad de Teo, perteneciente a Santiago de Compostela.

Para los otros dos acusados, María Osorio López y Antón Santos Pérez, el fiscal solicita 12 años de cárcel en cada caso. Les imputa por tener documentación sobre las acciones de Resistencia Galega en sus ordenadores personales. Y también por los documentos de identidad falsificados con sus fotografías que fueron hallados por la policía en casa de Fiallega.

En relación con estos hechos, Eduardo Vigo explicó que desconocía el contenido de la bolsa de deporte que contenía los explosivos y que la recogió, como un favor personal que le hizo a Roberto Rodríguez, por la "amistad" que les une y por lo que no pensó que fuera "nada" ilegal.

Respecto de la documentación falsa incautada, Eduardo Vigo indicó que la documentación no estuvo en su poder, al tiempo que ha denunciado que, "como independentista gallego", no tiene el mismo trato que el resto de los reclusos en la cárcel. Vigo ha negado conocer la existencia de 'Resistencia Galega' y ha dicho que para él la palabra "resistencia" no significa "nada".

Roberto Rodríguez aseguró que fue a recoger la bolsa que contenía los explosivos "debajo de un puente" tras leer una nota con las indicaciones necesarias para hallarla, que encontró dirigida a él en el centro social al que acudía con asiduidad. 
También rechazó haber visto "en ningún momento" la documentación falsa encontrada en el registro de su domicilio, y afirmó que las pelucas eran para "carnavales".

"Estoy a favor de que los procesos políticos se resuelvan por vías democráticas", manifestó Antón Santos durante su interrogatorio, en el que agregó que no tiene ninguna vinculación con el terrorismo independentista. Santos aseguró que, debido a que es doctor en Historia y, en aquel momento, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, el ordenador que se le incautó contenía "todo tipo de materiales" para sus investigaciones "históricas".

En último lugar, declaró María Osorio, quien dijo no tener explicación para que se haya encontrado un DNI falso en el domicilio de Rodríguez con su fotografía. En cambio, reconoció haber sido militante de base de la Asamblea da Mocidade Independentista (AMI), en la que desarrollaba campañas políticas, asistencia a reuniones, despliegues de pancartas y protestas, por ejemplo, contra Empresas de Trabajo Temporal (ETTs).

A petición de la defensa comparecieron como testigos los portavoces de los grupos parlamentarios gallegos, que declararon a través de videoconferencia.
El líder de AGE, Xosé Manuel Beiras, señaló que desde los años ochenta el nacionalismo gallego renunció al uso de la violencia política. “No me consta que en Galicia haya un grupo terrorista organizado”, afirmó Beiras, quien fue reprendido con un “¡usted cállese!” por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, cuando insistió en hacer una declaración al margen de las preguntas.
Jorquera (BNG) destacó el carácter pacífico del nacionalismo aunque admitió que se han producido en los últimos años ataques con explosivos a sedes políticas y empresariales. Tanto Pedro Puy, del PP, como el socialista Abel Losada recordaron que oficinas de sus partidos en distintas localidades han sufrido explosiones en los últimos años y que esas acciones preocupan a los militantes. También declaró desde el Parlamento el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, quien insistió en que hay grupos violentos en Galicia que suponen “un potencial daño a personas y bienes”.

A preguntas del fiscal, un experto policial aseguró que Antón Santos y María Osorio López dirigían la Asamblea da Mocidade Independentista (AMI), la organización juvenil que captaba a los futuros miembros del ese grupo terrorista. Era ahí donde se estrenaban con acciones de "bajo nivel" para pasar luego a la organización, que, tal y como ha dicho, defiende la violencia como medio para conseguir su objetivo: la independencia de Galicia.

Los dos acusados han reconocido haber participado en alguna de las actividades de montaña organizadas por la Asociación de Montaña Aguas Limpias (AMAL), donde según el experto se adoctrina a los independentistas. De hecho, ha subrayado el perito, AMAL organiza excursiones y otras actividades que rememoran los lugares que frecuentaban los dirigentes del extinto grupo terrorista Exército Guerrilleiro do Povo Galeigo Ceive, desarticulado en 1993 y del que Resistencia Galega, según el fiscal, es sucesora.

El fiscal de la Audiencia Nacional Marcelo de Azcárraga niega la existencia de una "causa general contra el independentismo", y aseguró que la justicia tan solo persigue a quienes promueven el "radical y violento". "Existe una organización terrorista que no se llama ni AMI ni Amal", sostiene en su escrito de acusación en alusión a fuerzas independentistas diferentes de Resistencia Galega, que considera una banda terrorista. "No se trata de criminalizar el independentismo radical , sino el radical y violento", explica.

En ese documento, el fiscal rebate los argumentos de la defensa y peritos de esta y sostiene que no existe terrorismo de "baja intensidad", sino de "baja calidad", es decir, con escasa capacidad de realizar acciones violentas. Ahí argumenta lo que él entiende por terrorismo para justificar las peticiones de pena a los acusados. "No es preciso que se haya producido alarma social", puesto que considera, citando la declaración del portavoz parlamentario socialista Abel Losada, que la existencia de un artefacto explosivo "atemoriza". La policía atribuye a miembros de Resistencia Galega medio centenar de acciones, entre ataques a sedes de partidos e intereses y viviendas privadas, a pesar de que un abogado de la defensa marcó distancias ayer con bandas como ETA o Al Qaeda. "No hay asesinatos, secuestros, coches bomba, bombas lapa. Se trata de otro tipo de acciones", alegó.

El fiscal de la causa considera probada la existencia en Galicia de una organización terrorista pequeña, pero que cumple los principales requisitos de esta, como el intento de lograr la "independencia" a través de actos violentos, "vocación de permanencia" y "distribución de roles y papeles". "La peculiaridad de esta organización, que está constituida por muy pocas personas, muy seleccionada, personas de mucha confianza", escribe el fiscal.

La defensa de los acusados presentó como peritos al profesor de Ciencia Política Carlos Taibo y al catedrático de instituto Bernardo Maiz para tratar de desacreditar las conclusiones de los expertos policiales. Taibo aseguró que pese al carácter terrorista que se le atribuye, las acciones de este grupo no se han materializado de forma violenta excepto por el envío de «cartas bomba de dudosa autoría», «No ha habido delitos de sangre, secuestros ni daños económicos graves», condiciones necesarias, a su juicio, para que un grupo se considere violento o terrorista.

El juicio quedó visto para sentencia dos días más tarde.

El 12 de septiembre se dió a conocer la sentencia por la cual Eduardo Vigo y Roberto Domínguez fueron condenados a 18 años cada uno por participación en organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y falsificación de documentos oficiales con fines terroristas. Antón Santos y María Osorio fueron condenados a diez años por los mismos delitos salvo el de tenencia de explosivos.
Los tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia consideran probado que Domínguez y Vigo se reunieron el día en que fueron detenidos, el 30 de noviembre de 2011, y que el primero entregó al segundo tres termos con 2,3, 1,7 y 1,8 kilogramos de explosivos que habrían "puesto en peligro la vida e integridad de las personas".
En sus domicilios se encontraron una olla con 3,2 kilos de sustancias explosivas, documentación relacionada con el independentismo radical, así como documentación falsa, listas de posibles objetivos y un manual sobre técnicas de interrogatorio de la CIA, entre otros.
El material explosivo incautado se parece al utilizado en otros artefactos explosionados o desactivados, según los análisis de los peritos incluido en la sentencia.
Santos y Osorio, detenidos poco después, formaban parte de la estructura del independentismo radical violento y realizaron diversas labores de apoyo, según los jueces, como la captación de "nuevos combatientes".
Según la policía, “Antón García Matos y Antón Santos Pérez se conocen personalmente desde que Antón Santos era menor de edad y García Matos era miembro del desarticulado grupo terrorista Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive”. Tras trabar amistad,  Antón García Matos alias ‘Toninho’, “se encargó del adoctrinamiento de Antón Santos, llegando a convertirse en su hombre de confianza”.

viernes, 21 de junio de 2013

El PP promoverá mociones contra RG

La portavoz del PP de Galicia, Paula Prado, anuncia que su partido presentará una moción en todos los ayuntamientos para que los gallegos sepan qué municipios son los que condenan el terrorismo y cuáles, en caso de haberlos, lo justifican.

Prado recriminó que un candidato a la Presidencia de la Xunta (por el nacionalista Xosé Manuel Beiras), cruzase «barreras» que no debería y justificase «la supuesta tenencia de explosivos y la falsificación de documentos públicos» en un país «que ha padecido determinados problemas a lo largo de su historia más reciente».

lunes, 17 de junio de 2013

Manifiesto en solidaridad con presos

La coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que lidera Xosé Manuel Beiras, se adhiere al manifiesto ciudadano en defensa de los cuatro activistas gallegos que serán juzgados por su presunta pertenencia al grupo terrorista Resistencia Galega, así como por tenencia de explosivos y por falsificación de documentos.
AGE se suma así a fuerzas independentistas como la FPG, Nós-UP, Causa Galiza o a sindicatos como la CUT, CNT y CIG, que respaldaron el manifiesto en favor de los detenidos Eduardo Vigo, Roberto Rodrigues, Maria Ossório y Antom Santos.
A través de una nota de prensa, Alternativa denuncia la aplicación de «medidas xurídicas de excepción» a los presos independentistas, así como una completa «ausencia de respecto» de sus garantías constitucionales.
Denuncia esta formación parlamentaria que la «dispersión» a la que fueron sometidos estos presos, unido a que estuvieron en prisión «durante máis dun ano sen xuízo» y a que se quebró «calquera presunción de inocencia», no aseguran que se pueda celebrar un juicio justo en la Audiencia Nacional, a la que en el manifiesto firmado se considera un «tribunal de excepción» que responde «a directrices políticas» del Gobierno y que «carece das mínimas garantías xurídicas esixibles».

Dos días más tarde, el portavoz de AGE, Xosé Manuel Beiras, manifestó que "el único crimen que cometieron es ejercer indignación" y que a eso "se le llama terrorismo"; también criticó que estas personas estén "sometidas a una situación límite que conculca absolutamente las normas internacionales".

Ante ello, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, criticó lo que calificó como “elogios” del portavoz de AGE en el Parlamento gallego, Xosé Manuel Beiras, al grupo Resistencia Galega. Feijóo indicó que aguarda que los portavoces de los distintos grupos digan lo que se vive “cada vez que hay un atentado o explota un artefacto en cualquier inmueble o calle de Galicia”. Señaló que supone que “sabrán defender” a las personas, ciudadanos y profesores que sufrieron este tipo de artefactos en sus casas.
“Y sobre los elogios de Beiras a RG solo puedo decir que Galicia sabe lo que opina sobre este grupo violento y que provoca actos violentos y que se juzga por terrorismo”, dijo.
Por este motivo aseguró, recordando recientes desencuentros entre ambos, que “a veces” prefiere que le descalifique a que le elogie. “Si elogia a RG estoy convencido de que puede ser uno de los excepcionales gallegos que puede elogiar actos de vandalismo, de violencia y de terrorismo en Galicia”, afirmó.
Por su parte, la portavoz del PPdeG, Paula Prado, calificó de “indecentes” las palabras de Beiras “en las que justificaba la tenencia de explosivos y la falsificación de documentos públicos”.
La popular vio lamentable que para Beiras “las decisiones de un gobierno justifiquen acciones violentas”, y recordó que Resistencia Galega “es una organización terrorista que utiliza artefactos explosivos para quemar oficinas bancarias pero también sedes de partidos políticos”.
Por ello, Prado confió en que la declaración de Beiras la ejerza “en calidad de testigo y no como parte de la defensa”. “Resulta grave autodefinirse como líder antisistema cuando se lleva cobrando casi 30 años de él, pero más aún lo es beneficiarse del sistema mientras se justifica y ampara a quienes quieren derribarlo a golpe de explosivo”, dijo.


El manifiesto apareció en la Plataforma en Internet de peticiones Change.org dos días antes:


Manifesto Cidadám de Solidariedade com os independentistas julgados em Madrid



   Os agentes sociais, sindicais e políticos que assinamos esta declaraçom queremos transmitir à sociedade galega, à vista do juízo de quatro independentistas galegas a celebrar na Audiencia Nacional de Madrid Nos próximos dias 24 e 25 de junho, as seguintes questons que provocam em nós profunda preocupaçom e consideramos da máxima importáncia:


1ª Denunciamos a excecionalidade jurídica a que estám submetidos os cidadáns galegos Eduardo Vigo Domínguez, Roberto Rodrigues Fialhega e Antom Santos Peres, presos sem se celebrar o seu juízo desde há ano e meio e dispersados a centos de quilómetros dos seus lugares de residência num incumprimento flagrante da legislaçom e dos convénios e acordos internacionais assinados polo Estado espanhol nesta matéria que reflitem, com absoluta claridade, que nengum preso ou presa pode permanecer encarcerado longe do seu lugar de residência e contorna social.


2ª Queremos exprimir a nossa solidariedade e afecto aos familiares dos independentistas presos e denunciar a extorsom económica à que som submetidos como resultado da dispersom penitenciária, que se traduz num gasto semanal insustentável para deslocar-se a prisons situadas a centos de quilómetros e poder visitar, durante só 45 minutos, os seus seres queridos. Além desta extorsom, sumemos o esgotamento físico e o risco de acidente em estradas durante meses e anos e compreenderemos que esta situaçom, além de ilegal, é inumana.


3º Preocupa-nos o intenso impulso político que adivinhamos neste juízo, com petiçons que alcançam 64 anos de cárcere para a e os independentistas julgados e a certeza de que, como tribunal de exceçom que é, a Audiencia Nacional responde a directrizes políticas e carece das mínimas garantías jurídicas exigíveis, como já denunciárom organizaçons de direitos humanos e instáncias internacionais.


4ª A nossa preocupaçom alcança o zénite ante a possibilidade de que este tribunal ditamine nesse juízo a existência dumha “organizaçom terrorista” na Galiza da que supostamente fariam parte os processados e a processada Maria Ossório. Esta é, de fato, junto às desorbitadas penas solicitadas, a questom essencial a dirimir e a que possibilita semelhantes petiçons. Valoramos que a formalizaçom jurídica da existência desta suposta “organizaçom” é umha estratagema do Estado para abrir as portas à criminalizaçom do soberanismo, facilitando detençons, ilegalizaçons e o agravamento do já de por si agudo déficit democrático que suportamos.


   Neste sentido, chamamos à sociedade a valorizar e reivindicar os pontos acima expostos e a estar alerta ante a eventualidade de que, no que pode ser unha aplicaçom em Galiza do que se conhece como Direito Penal do Inimigo, o juízo dos dias 24 e 25 dé pé a umha volta de porca na repressom política contra a ideologia e as organizaçons soberanistas e independentistas que seria de todo ponto de vista antidemocrática e inaceptável.

Organizaciones y colectivos firmantes:

Adiante
Agir
Assembleia da Mocidade Independentista (AMI)
Briga
Causa Galiza
Causa Obreira
Ceivar
CIG-Servizos
CNT-Compostela
Coletivo Nacionalista de Marin (CNM)
Comités
Conas Ceives
Central unitaria de traballadoras/es (CUT)
C.S Aturuxo
C.S. Mádia Leva!
C.S. Revira
C.S. Sem Um Cam
C.S. Xebra!
Federación Rural Galega (Fruga)
Frente Popular Galega (FPG)
Fundaçom Artábria
GalizaLivre
Galiza Nova
Isca!
Liga Estudantil Galega (LEG)
Mulheres Nacionalistas Galegas (MNG)
Movemento pola Base (MpB)
NÓS-Unidade Popular (Nós-up)
Organizaçom para a Liberaçom Nacional (OLN)
Rede Feminista Galega
Siareiras Galegas
Silveira

sábado, 15 de junio de 2013

Manifestación en Santiago

Se celebra una manifestación en Santiago de Compostela en solidaridad con cuatro personas procesadas -Eduardo Vigo Domínguez y Roberto Rodríguez Fiallega (Teto),  Antón Santos Pérez y María Osorio López - que serán juzgadas en la Audiencia Nacional a finales de mes.

En la manifestación se exhibieron pancartas firmadas por CEIVAR y se lanzaron gritos de "Audiencia Nacional, tribunal fascista", "No estamos todos, faltan los presos" , "independencia" y "Galiza libre". La marcha acabó en la plaza del Toral, después de recorrer varias calles del centro.




martes, 11 de junio de 2013

Artículo de Santiago Alba

Santiago Alba Rico, escritor y filósofo, colaborador en varios medios de comunicación alternativos publica el siguiente artículo:


“Terrorismo gallego” y educación juvenil


El organigrama es el siguiente. En la zona central tenemos toda una serie de instancias vinculadas mediante lazos de continuidad y colaboración recíproca: una policía financiada largamente con los impuestos de los ciudadanos, unos tribunales de justicia de dudosa independencia guiados por el anti-jurídico principio de analogía; una clase política, remunerada por bancos y multinacionales, que escenifica conflictos superficiales pero que comparte una ”política de Estado” en dos o tres cuestiones centrales; unos medios de comunicación, en fin, ocupados de la propaganda del sistema, de su legitimación pública y de la criminalización de los descontentos o disidentes. Por encima de este tronco central, brazo ejecutivo de la “organización”, encontramos en la cúpula al capo o jefe del Estado, sucesor de un dictador golpista, y a una serie de instituciones financieras internacionales y gobiernos extranjeros que fijan los márgenes de maniobra, las estrategias y los discursos. Por debajo, en la base, el consentimiento pasivo de una población “colaboracionista”, víctima de la crisis y de la televisión, garantiza la recepción sin resistencia de prácticas violentas y discursos manipuladores.

Bueno, alguien podría decir con razón que este organigrama es demagógico y simplificador. Lo es un poco, sí. Las relaciones entre todas estas instancias son menos “orgánicas” de lo que este esquema indica; en todos los niveles hay conflictos reales o intereses encontrados; y desde luego, si el consentimiento pasivo en la base es innegable, también lo es un creciente potencial de resistencia. Pero lo que nadie puede negar es que, frente a esa potencial resistencia, es mucho más simplificador y demagógico, mucho más “performativo”, el esquema de intervención del Estado, de sus aparatos y de sus medios de comunicación ancilares. Durante 35 años, durante la llamada transición, interminable y toujours recomencée (como el mar de Paul Valery), ha funcionado una poderosísima industria de la fabricación y criminalización del enemigo, particularmente en el País Vasco, donde el nacionalismo -en todas sus manifestaciones- sirvió de pretexto para perseguir en los aledaños (el “entorno”) a toda clase de desobedientes. La “cuestión nacionalista” o, lo que es lo mismo, el “nacionalismo español” ha alimentado y justificado la intervención coordinada -policial, jurídica y propagandística- contra las demandas sociales, económicas y nacionales, allí donde surgieran, de más democracia y más autodeterminación. El fracaso evidente del modelo y el aumento de las movilizaciones, ha extendido a todo el territorio del Estado y a todos los nichos de resistencia un esquema de criminalización preventiva que antes se aplicaba casi exclusivamente en el País Vasco. Con la diferencia de que, fuera del País Vasco, la ausencia de una verdadera base social y de instrumentos mediáticos y militantes de visibilización, vuelve a las víctimas mucho más vulnerables.

Esto es lo que ha pasado y está pasando con la fabricación del “terrorismo gallego”, una operación casi mágica -pues con varita de mando pretende transformar a jóvenes rebeldes en monstruos amenazadores y a organizaciones existentes o no en clones locales de Al-Qaeda- que comenzó en 2005 con la detención, y posterior liberación, de 11 militantes de la organización legal Asamblea da Mocidade Independentista. Hace casi nueve meses, una nueva vuelta de tuerca llevó a la cárcel a Carlos Calvo, que se encuentra en situación de prisión preventiva en Topas, sin fecha para juicio. La negra sombra se proyecta también sobre otras 9 personas. De ellas, Eduardo V.D, Roberto R. F, Antón S. P y María O. L, se sentarán el próximo 24 de junio en el banquillo. Conozco superficialmente a algunos de los acusados, pero sobre todo he colaborado con frecuencia en Novas da Galiza, la excelente revista de la izquierda galega en la que participaban algunos de ellos, lo que sin duda me convierte también en sospechoso. Los jóvenes militantes independentistas defienden proyectos, difunden publicaciones, organizan encuentros, se reúnen para debatir; y para poder subvenir a sus modestos gastos venden Galicola, camisetas, chapas. Imagino que además algunos de ellos hacían deporte -me consta que al menos uno participaba en maratones populares- y probablemente alguno de ellos fumaba. Nada de esto está prohibido, salvo que se pertenezca a una “organización criminal”. El procedimiento es tan sencillo como infalible. Porque pertenecer a una “organización criminal” es en sí mismo un delito, pero a su vez ese delito convierte en delito -o al menos en prueba- cualquier práctica cotidiana, por inocente que sea. Los imputados son acusados de pertenecer a Resistencia Galega, cuya existencia no puede ser demostrada, y esa pertenencia indemostrable convierte cada uno de sus gestos en demostración de pertenencia. El silogismo es el siguiente: si X pertenece a Resistencia Galega (cuya existencia no está probada) entonces su colaboración en Novas de Galiza es una forma de apología del terrorismo, la venta de Galicola es financiación de terrorismo, su afición al deporte es entrenamiento militar para el terrorismo y su afición al tabaco -por su relación con el humo- uso virtual de pólvora con fines terroristas.  La pertenencia a una organización cuya existencia no puede probarse convierte todos los gestos de X en una prueba de la existencia de esa organización. En una práctica de contaminación metafísica que recuerda al argumento ontológico de San Anselmo, basta inventarse una “instancia ideal” para que a partir de ese momento todo fenómeno concreto demuestre su existencia real. Esa “contaminación metafísica”, llamada “principio de analogía” o “derecho penal del enemigo”, ha sido utilizada por todas las dictaduras. Por eso mismo es incompatible con el Estado de Derecho y la democracia que dicen estar defendiendo quienes la aplican. Y por eso todos los ciudadanos deberíamos denunciarla, conscientes de que nadie está exento, llegado el caso, de su aplicación. Aún más: a medida que aumente el legítimo descontento social y las movilizaciones (como ya hemos visto recientemente en Madrid) más rutinaria y más feroz, más extensiva, se volverá la criminalización preventiva. Todos, y muy especialmente los jóvenes, deben ser “educados” para dejar pasar -pase, pase- a los bancos, la troika, la iglesia, los recortes, las contrarreformas económicas, las limitaciones a la libertad. De la educación se ocupaban antes, sobre todo, los medios de comunicación y los supermercados. Ya no basta. Ahora esa misión pedagógica queda en manos de los jueces y la policía.

Carlos Calvo y otros son la lección que todos los desobedientes y descontentos debemos aprender. No la aprendamos: solidaricémonos -al contrario- con ellos.


domingo, 9 de junio de 2013

El delegado del Gobierno habla sobre RG

Extracto de la entrevista en 'La Voz de Galicia' al delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez:

-¿En qué situación está Resistencia Galega?
-Resistencia Galega es una organización terrorista, y con el pasado que tenemos en España, tener dobles lenguajes y comprensión con ese grupo, como observo en algunos políticos, es incomprensible.
-¿En qué políticos?
-Hombre, he observado como por parte del Bloque se habla de violencia de móvil político. Entre decir eso y decir que son presos políticos va poquito. Con lo que hemos sufrido con el terrorismo, cualquier comprensión con eso me parece insólito. Esta organización terrorista tiene un móvil que comparte con algunos grupos políticos. Yo pido a esos grupos un desmarque más claro.
-¿Está diciendo que el Bloque tiene comprensión con Resistencia Galega?
-Hombre, yo tengo encima de la mesa una proposición no de ley del Bloque donde pide acabar con la política de dispersión de presos. Me preocupa porque entender que la política de dispersión de presos es un castigo a las familias es no entender que se trata de evitar que los miembros de una organización terrorista sigan organizados en la cárcel y sometidos a la disciplina de la organización. Y que todavía no se haya muerto nadie no significa que no sea terrorismo.
-¿Es un peligro real?
-Me parece que no hay que hacer de menos este fenómeno. Sería imperdonable que el Gobierno minimizase un problema de este tipo. Yo soy el delegado del Gobierno de una comunidad donde hay una organización terrorista activa y sería una irresponsabilidad que yo minimizase ese problema. Son gente que para lograr objetivos políticos pone bombas. Creo que es muy miope no verlo.
-¿Y cree que el BNG no lo ve?
-No sé si lo ve, pero he visto determinadas actitudes y opiniones que me preocupan. Y no estoy acusando al Bloque de amparar a esta gente, pero me gustaría ver por su parte una condena más clara y más inequívoca.

domingo, 2 de junio de 2013

Artículo de opinión sobre juicio a RG

Teresa Moure publica en el diario 'Praza pública' (praza.com) un artículo sobre el próximo juicio a acusados de pertenecer a Resistencia Galega del que ofrecemos un extracto:

Teto, Eduardo, Antom e Maria foram confinad@s nos cárceres do estado espanhol sob a acusação de terrorismo. Sem sangue derramado. Sem terem semeado o ódio. Porque às vezes as forças de segurança do estado espanhol entram numa casa ou num centro social, procuram dados comprometedores nos computadores, levam os telefones móbiles, fisgam nos documentos pessoais e fazem medrar a suspeita, ao amparo duma legislação pouco respeitosa.

O próximo 24 de junho, em Madrid, uns juízes decidirão o futuro de pessoas novas, ativas e sensíveis à precariedade social e ao espólio da sua terra, de pessoas que deixaram muitas horas das suas existências em trabalharem por causas coletivas. E aí cumpre valorar o feito de que peçam para @s pres@s galeg@s até vinte anos de prisão, argumentando pertencerem a uma banda armada. Segundo o artigo 139 do Código Penal, vinte anos é também a pena que se pagaria por um assassinato com sanha ou aleivosia. Uma petição semelhante para @s pres@s galeg@s parece desproporcionada e a proporção é a base mesma da justiça.

O estado nega os nossos direitos como povo, pretendendo uma servidão, em termos morais, jurídicos e políticos, própria de épocas obscuras. A questão da legitimidade do estado nem se formula no mundo do politicamente correto, onde aprendemos que as ideias podem ser defendidas apenas com as palavras. Mas para o independentismo galego, a diferença doutros combates que existem no mundo, não estamos a falar de luta armada, mas duma luta ideológica que se criminaliza; estamos a falar dumas poucas pessoas que se enfrentam a penas desmedidas. O próximo 24 de junho, em Madrid, uns juízes decidirão o futuro de pessoas novas, ativas e sensíveis à precariedade social e ao espólio da sua terra, de pessoas que deixaram muitas horas das suas existências em trabalharem por causas coletivas. E aí cumpre valorar o feito de que peçam para @s pres@s galeg@s até vinte anos de prisão, argumentando pertencerem a uma banda armada.  Segundo o artigo 139 do Código Penal, vinte anos é também a pena que se pagaria por um assassinato com sanha ou aleivosia. Uma petição semelhante para @s pres@s galeg@s parece desproporcionada e a proporção é a base mesma da justiça.

Ao sugerir que neste país existe uma organização terrorista abre-se a caixa de Pandora da criminalização. O percurso provável passa pela ilegalização de organismos sociais e políticos, o "descabeçamento" de possíveis estruturas a base de detenções; em definitivo, impõe-se um paradigma repressivo que convocará o consenso da justiça e os meios de comunicação. Por isso o juízo do 24-J está a solicitar um compromisso coletivo.

Teto, Eduardo, Antóm e Maria vão ser julgados em Madrid em junho. Temos direito a partilhar as suas ideias ou a dissentir delas. Mais denunciar a sua precária situação, e o feito de que nel@s ?nos seus corpos, nos seus futuros? se quer executar um castigo exemplar, que pretende tirar algumas ideias das nossas cabeças, é uma elementar questão humanitária. De alguma maneira, em 24 de junho julgam-nos.