"Tal y como ocurriera en años anteriores, es la Comunidad Autónoma de Galicia la que ha sufrido la ejecución de las acciones más reseñables, siendo las siglas «Resistencia Galega» las que han aparecido en las reivindicaciones de los actos perpetrados, habiendo actuado siempre en territorio gallego y teniendo entre sus objetivos las reivindicaciones soberanistas, el establecimiento de unas señas de identidad gallega y la defensa del medio ambiente.
Desde mediados del siglo xx Galicia ha registrado periodos de cierta actividad terrorista atribuida al independentismo radical, siendo el más destacable aquél en el que actuó el extinto Exercito Guerrilleiro do Povo Galego Ceive (EGPGC) durante los años 1987/1991.
Desde 2005 se inició un periodo marcado por la publicación en Internet del denominado «manifesto pola resistência galega», documento cuyas premisas han marcado la actividad violenta hasta el momento actual.
El 3 de octubre de 2011 fue publicado en páginas web afines al independentismo radical un comunicado denominado «Segundo Manifiesto por la Resistencia Galega», documento en el que se reafirman los objetivos del primer manifiesto (2005) y en la que se ratifica que «Resistencia Galega» continuará los ataques armados contra las personas, organizaciones o instituciones que ellos califican de «españolistas».
Los principales objetivos atacados han sido: entidades bancarias, empresas constructoras e inmobiliarias, obras públicas, empresas vinculadas con recursos energéticos, partidos políticos, medios de comunicación social y cualquier individuo que consideran «enemigo del pueblo».
En consonancia con la actuación del año anterior, el año 2011 ha estado marcado por las acciones violentas contra las sedes de los partidos políticos de ámbito nacional. El incremento del nivel de la amenaza contra los partidos políticos PP y PSOE queda patente en la misiva anónima remitida al diario La Voz de Galicia reivindicando el ataque mediante artefacto explosivo contra la sede del PSOE en Cacheiras-Teo (A Coruña), perpetrada el 25.12.10, en la que los identifica como «objetivos militares permanentes».
El operativo policial desarrollado por la Comisaría General de Información en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo, los días 30 de noviembre y 2 de diciembre, con el saldo de 6 independentistas radicales detenidos y la incautación de 4 artefactos explosivos dispuestos para su uso, documentación falsa, así como dispositivos informáticos y documentación diversa pendiente de análisis, puede representar el primer paso para sustentar judicialmente las líneas de investigación policiales que apuntaban la existencia de cierto nivel organizativo en la dirección, planeamiento y ejecución de las acciones violentas cometidas por elementos radicales con el objetivo de lograr la independencia de Galicia lo que viene a reforzar su estrategia que «entiende la lucha armada como un elemento prioritario y determinante en el proceso de la liberación nacional».
La competencia de la Audiencia Nacional, dada la finalidad de subversión del orden constitucional que pretenden con sus acciones, se centra en las cometidas por los integrantes del independentismo violento, que aparece aglutinado bajo la denominación de «Resistencia Galega», que se ha ido mostrando durante los últimos años como un verdadero colectivo organizado que, recogiendo el testigo de la banda terrorista «Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe», sigue tanto sus directrices, como sus métodos y estrategias.
Lo expuesto anteriormente se comprueba con la lectura del autodenominado «Segundo Manifiesto por la Resistencia Galega». En este escrito se pone de relieve la intención de mantener la elección de la lucha violenta como único medio para lograr sus reivindicaciones soberanistas (que incluyen el reintegracionismo con una parte del norte de Portugal como territorio de la «nación gallega»), el establecimiento de unas señas de identidad gallega y la defensa de la tierra y del medio ambiente.
La mayor dificultad con la que los operadores jurídicos nos hemos encontrado hasta el momento ha sido la de acreditar la existencia de una verdadera banda armada, toda vez que con la forma aislada y exteriormente individualizada de actuar de sus miembros, se aparenta una desestructuración del colectivo que da cobertura a sus acciones violentas. Es decir, no nos encontramos ante una organización al uso en la que se visualizan claramente sus estructuras de dirección, ejecución, captación o financiación, sino que su actuación es solapada y sus acciones son conscientemente aisladas en el tiempo y en el espacio, dificultando de tal modo la prueba de su vinculación con la organización a favor y bajo cuya cobertura actúan. Ello conllevaba una respuesta punitiva excesivamente leve en relación con la gravedad de los hechos cometidos.
Dichas dificultades, sin embargo, se van a poder superar. Efectivamente, por un lado y como ya se apuntaba en la anterior memoria, la reforma del Código penal aprobada por la Ley Orgánica n.º 5/2010 tipifica el delito de integración en grupos terroristas (artículo 571), con similares requisitos a los que se establecen para definir el grupo criminal (artículo 570 ter), lo que lleva aparejada la imposición de una pena similar a la de pertenencia a organización terrorista (entre 8 y 14 años de prisión para los dirigentes, y entre 6 y 12 años de prisión para los miembros).
Por otro lado y conscientes de la necesidad de la centralización de toda la información para poder hacer una análisis global de la situación y permitir encontrar los vínculos existentes entre unas acciones y otras, se ha designado a un Fiscal Coordinador encargado de tal cometido.
Para el correcto desempeño de la función encomendada se antoja inexcusable una permanente y fluida relación con todas las Unidades policiales encargadas de las investigaciones, las cuales han de informar a tal Fiscal Coordinador del estado de las mismas y de su evolución. Dicha función para ser eficaz se debe incluso adelantar, permitiendo la coordinación de investigaciones prejudiciales. Igualmente y con la misma finalidad, se ha dispuesto que la «judicialización» de las mentadas pesquisas policiales se haga por vía de la propia Fiscalía, la cual, tras la presentación del oportuno atestado, incoa las correspondientes diligencias de investigación y, en su caso, presenta la pertinente denuncia ante el Juzgado de Instrucción que resulte competente.
Durante el año 2011 se han producido 7 atentados atribuidos policialmente al independentismo radical, de los que sólo dos de ellos fueron expresamente reivindicados por la organización «Resistencia Galega» (artefactos que explotaron, respectivamente, a las 5:00 horas del día 13-6-11 en la sede del Partido Popular de Ordes (A Coruña) y a las 6:15 horas del día 29-9-11 en la casa natal de D. Manuel Fraga, sede de su fundación en Villaba (Lugo). También ha habido 5 artefactos incendiarios atribuidos policialmente al anarquismo, de los que dos fueron reivindicados.
Acciones terroristas
Todas las acciones terroristas –7 en total (2 más que el año anterior)– se han producido en la Comunidad Autónoma de Galicia: 5 en la provincia de A Coruña (sendas explosiones de artefactos de fabricación casera junto a la entrada de un establecimiento dedicado a la formación de trabajadores del metal y en la sede del PSdG-PSOE), 1 en la provincia de Lugo y 1 en la provincia de Pontevedra.
La autoría puede atribuirse a individuos pertenecientes al movimiento «Resistencia Galega», heredero del antiguo «Exercito Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe». Se han producido 6 detenciones de individuos vinculados con el entorno violento radical, a finales del pasado 2011, en el marco de las investigaciones dirigidas a localizar y detener al núcleo central del citado grupo terrorista.
Detenciones
Respecto a los resultados de las investigaciones tramitadas durante el año 2011 destaca la detención practicada los días 30 de noviembre y 2 de diciembre por el Cuerpo Nacional de Policía de 6 individuos a los que se les imputa su integración en la organización «Resistencia Galega». Las diligencias practicadas en el marco de la antedicha actuación han permitido la incautación de 4 artefactos explosivos dispuestos para su uso, así como abundante documentación cuyo análisis está facilitando la obtención de material probatorio no sólo en dicha causa (Diligencias Previas n.º 185/11 del Juzgado Central de instrucción n.º 6), sino en otras, para lo cual es determinante la figura del Fiscal Coordinador perfectamente asistido de las Unidades policiales correspondientes."
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