martes, 18 de septiembre de 2012

Presentación Memoria Fiscalia

Extracto de la memoria de la Fiscalía General del Estado 2012 (hace balance de lo ocurrido en 2011):

"Tal y como ocurriera en años anteriores, es la Comunidad Autónoma de Galicia la que ha sufrido la ejecución de las acciones más reseñables, siendo las siglas «Resistencia Galega» las que han aparecido en las reivindicaciones de los actos perpetrados, habiendo actuado siempre en territorio gallego y teniendo entre sus objetivos las reivindicaciones soberanistas, el establecimiento de unas señas de identidad gallega y la defensa del medio ambiente. 

Desde mediados del siglo xx Galicia ha registrado periodos de cierta actividad terrorista atribuida al independentismo radical, siendo el más destacable aquél en el que actuó el extinto Exercito Guerrilleiro do Povo Galego Ceive (EGPGC) durante los años 1987/1991. 

Desde 2005 se inició un periodo marcado por la publicación en Internet del denominado «manifesto pola resistência galega», documento cuyas premisas han marcado la actividad violenta hasta el momento actual. 

El 3 de octubre de 2011 fue publicado en páginas web afines al independentismo radical un comunicado denominado «Segundo Manifiesto por la Resistencia Galega», documento en el que se reafirman los objetivos del primer manifiesto (2005) y en la que se ratifica que «Resistencia Galega» continuará los ataques armados contra las personas, organizaciones o instituciones que ellos califican de «españolistas». 

Los principales objetivos atacados han sido: entidades bancarias, empresas constructoras e inmobiliarias, obras públicas, empresas vinculadas con recursos energéticos, partidos políticos, medios de comunicación social y cualquier individuo que consideran «enemigo del pueblo». 

En consonancia con la actuación del año anterior, el año 2011 ha estado marcado por las acciones violentas contra las sedes de los partidos políticos de ámbito nacional. El incremento del nivel de la amenaza contra los partidos políticos PP y PSOE queda patente en la misiva anónima remitida al diario La Voz de Galicia reivindicando el ataque mediante artefacto explosivo contra la sede del PSOE en Cacheiras-Teo (A Coruña), perpetrada el 25.12.10, en la que los identifica como «objetivos militares permanentes». 

El operativo policial desarrollado por la Comisaría General de Información en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo, los días 30 de noviembre y 2 de diciembre, con el saldo de 6 independentistas radicales detenidos y la incautación de 4 artefactos explosivos dispuestos para su uso, documentación falsa, así como dispositivos informáticos y documentación diversa pendiente de análisis, puede representar el primer paso para sustentar judicialmente las líneas de investigación policiales que apuntaban la existencia de cierto nivel organizativo en la dirección, planeamiento y ejecución de las acciones violentas cometidas por elementos radicales con el objetivo de lograr la independencia de Galicia lo que viene a reforzar su estrategia que «entiende la lucha armada como un elemento prioritario y determinante en el proceso de la liberación nacional». 

La competencia de la Audiencia Nacional, dada la finalidad de subversión del orden constitucional que pretenden con sus acciones, se centra en las cometidas por los integrantes del independentismo violento, que aparece aglutinado bajo la denominación de «Resistencia Galega», que se ha ido mostrando durante los últimos años como un verdadero colectivo organizado que, recogiendo el testigo de la banda terrorista «Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe», sigue tanto sus directrices, como sus métodos y estrategias. 

Lo expuesto anteriormente se comprueba con la lectura del autodenominado «Segundo Manifiesto por la Resistencia Galega». En este escrito se pone de relieve la intención de mantener la elección de la lucha violenta como único medio para lograr sus reivindicaciones soberanistas (que incluyen el reintegracionismo con una parte del norte de Portugal como territorio de la «nación gallega»), el establecimiento de unas señas de identidad gallega y la defensa de la tierra y del medio ambiente. 

La mayor dificultad con la que los operadores jurídicos nos hemos encontrado hasta el momento ha sido la de acreditar la existencia de una verdadera banda armada, toda vez que con la forma aislada y exteriormente individualizada de actuar de sus miembros, se aparenta una desestructuración del colectivo que da cobertura a sus acciones violentas. Es decir, no nos encontramos ante una organización al uso en la que se visualizan claramente sus estructuras de dirección, ejecución, captación o financiación, sino que su actuación es solapada y sus acciones son conscientemente aisladas en el tiempo y en el espacio, dificultando de tal modo la prueba de su vinculación con la organización a favor y bajo cuya cobertura actúan. Ello conllevaba una respuesta punitiva excesivamente leve en relación con la gravedad de los hechos cometidos. 
Dichas dificultades, sin embargo, se van a poder superar. Efectivamente, por un lado y como ya se apuntaba en la anterior memoria, la reforma del Código penal aprobada por la Ley Orgánica n.º 5/2010 tipifica el delito de integración en grupos terroristas (artículo 571), con similares requisitos a los que se establecen para definir el grupo criminal (artículo 570 ter), lo que lleva aparejada la imposición de una pena similar a la de pertenencia a organización terrorista (entre 8 y 14 años de prisión para los dirigentes, y entre 6 y 12 años de prisión para los miembros). 

Por otro lado y conscientes de la necesidad de la centralización de toda la información para poder hacer una análisis global de la situación y permitir encontrar los vínculos existentes entre unas acciones y otras, se ha designado a un Fiscal Coordinador encargado de tal cometido. 

Para el correcto desempeño de la función encomendada se antoja inexcusable una permanente y fluida relación con todas las Unidades policiales encargadas de las investigaciones, las cuales han de informar a tal Fiscal Coordinador del estado de las mismas y de su evolución. Dicha función para ser eficaz se debe incluso adelantar, permitiendo la coordinación de investigaciones prejudiciales. Igualmente y con la misma finalidad, se ha dispuesto que la «judicialización» de las mentadas pesquisas policiales se haga por vía de la propia Fiscalía, la cual, tras la presentación del oportuno atestado, incoa las correspondientes diligencias de investigación y, en su caso, presenta la pertinente denuncia ante el Juzgado de Instrucción que resulte competente. 

Durante el año 2011 se han producido 7 atentados atribuidos policialmente al independentismo radical, de los que sólo dos de ellos fueron expresamente reivindicados por la organización «Resistencia Galega» (artefactos que explotaron, respectivamente, a las 5:00 horas del día 13-6-11 en la sede del Partido Popular de Ordes (A Coruña) y a las 6:15 horas del día 29-9-11 en la casa natal de D. Manuel Fraga, sede de su fundación en Villaba (Lugo). También ha habido 5 artefactos incendiarios atribuidos policialmente al anarquismo, de los que dos fueron reivindicados. 

Acciones terroristas 

Todas las acciones terroristas –7 en total (2 más que el año anterior)– se han producido en la Comunidad Autónoma de Galicia: 5 en la provincia de A Coruña (sendas explosiones de artefactos de fabricación casera junto a la entrada de un establecimiento dedicado a la formación de trabajadores del metal y en la sede del PSdG-PSOE), 1 en la provincia de Lugo y 1 en la provincia de Pontevedra. 

La autoría puede atribuirse a individuos pertenecientes al movimiento «Resistencia Galega», heredero del antiguo «Exercito Guerrilleiro do Povo Galego Ceibe». Se han producido 6 detenciones de individuos vinculados con el entorno violento radical, a finales del pasado 2011, en el marco de las investigaciones dirigidas a localizar y detener al núcleo central del citado grupo terrorista. 

Detenciones

Respecto a los resultados de las investigaciones tramitadas durante el año 2011 destaca la detención practicada los días 30 de noviembre y 2 de diciembre por el Cuerpo Nacional de Policía de 6 individuos a los que se les imputa su integración en la organización «Resistencia Galega». Las diligencias practicadas en el marco de la antedicha actuación han permitido la incautación de 4 artefactos explosivos dispuestos para su uso, así como abundante documentación cuyo análisis está facilitando la obtención de material probatorio no sólo en dicha causa (Diligencias Previas n.º 185/11 del Juzgado Central de instrucción n.º 6), sino en otras, para lo cual es determinante la figura del Fiscal Coordinador perfectamente asistido de las Unidades policiales correspondientes."

lunes, 17 de septiembre de 2012

Ataque en Vigo

Sobre las cuatro de la mañana, dos personas con la cara tapada arrojan un 'cóctel molotov' que causa daños en la entrada del  Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero de Vigo. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que se ve cómo uno de los individuos hace estallar un artefacto explosivo que rompe la cristalera de la puerta y luego se produce un primer lanzamiento fallido del artefacto incendiario que vuelven a arrojar dentro causando un incendio.
Un grupo radical llamado ADAI (Acción Directa Anticapitalista Internacionalista) reivindicó el ataque mediante dos llamadas telefónicas.

En octubre de 2015, una mujer acusada de participar en este hecho, Carmen O.M.,  para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de 11 años de cárcel por los delitos de daños y fabricación de sustancias incendiarias, fue condenada a dos años de prisión y a una indemnización de más de 2.600 euros, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
La Audiencia de Pontevedra, que dictó una sentencia firme al no mostrar las partes intención de presentar recurso, aplicó además una suspensión de la condena por un plazo de 5 años -el tiempo que tardará en hacer frente al pago de la indemnización-, con la condición de que no vuelva a delinquir durante este periodo.

En el escrito de acusación, se recoge que la acusada creó en la red social Facebook un perfil haciendo "un discurso subversivo de tono anticapitalista" y que, durante el registro de su domicilio, se hallaron, entre otros objetos, un texto de reivindicación y las letras ADAI.

Según la Fiscalía, la mujer elaboró los dos cócteles molotov, constituidos por botellas de vidrio rellenas de un líquido inflamable, que causaron daños valorados en más de 3.000 euros.

La condenada declaró que ella no estuvo presente durante el lanzamiento de los cócteles molotov y que hay otras dos personas implicadas que "ahora tienen sus casas y sus vidas en sus países" y a las que, simplemente, ayudó a redactar el escrito de reivindicación enviado a 'La Voz de Galicia'.

De este modo, dijo, asume "la responsabilidad de otras personas para que no vivan lo que yo estoy viviendo" y aseguró que la organización ADAI fue "inventada" en aquel momento y no se mantiene en el tiempo.

sábado, 15 de septiembre de 2012

Detenciones en Vigo

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detienen a Carlos Calvo Varela (estudiante), al que seguían desde horas antes, en Vigo y encuentran en el maletero del vehículo que usaba dos artefactos explosivos de considerable potencia completamente montados y dispuestos para su uso inmediato. Horas más tarde, la Guardia Civil detiene a Xurxo Rodríguez Olveira (que ya fue detenido en 2010 cuando era menor por su colaboración en atentados independentistas), que se había reunido esa misma tarde con el primer detenido.
Durante la noche y la madrugada se realizaron diversos registros y se detuvo a Diego Santin Montero y a Héctor José Naya Gil. Los cuatro fueron encarcelados.
Explosivos que portaban Carlos Calvo Valera y Xurxo Rodríguez Oliveira en el momento de su detención
Otra persona, M.P.G., fue detenida durante unas horas y puesta en libertad por falta de pruebas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dictó en diciembre de 2012 un auto en el que imputa a Xurxo Rodríguez OliveiraDiego Santín Montero y Héctor José Naya Gil los delitos de pertenencia a organización terrorista y colocación de explosivos y procesa también a Artur Rodríguez Olveira y Noa González Pérez por encubrimiento. Para los dos primeros, el juez decidió mantener su situación de prisión.

A Naya (Héctor Naia "Koala") se le impone una fianza de 6.000 euros y sale en libertad a finales de diciembre de 2012, si bien tiene que entregar su pasaporte y se le impone la condición de comparecer cada quince días en el juzgado. Velasco relata en su resolución que en la madrugada del pasado 4 de agosto explotó en el recinto de antenas de radio, telefonía y televisión analógicas del Monte de Sampaio un artefacto que ocasionó daños por valor de 7.300 euros a la empresa 'Red de banda ancha de Andalucía', que colocó Rodríguez.

Respecto a los otros dos procesados, el juez señala que intentaron llevarse del domicilio de Rodríguez un portátil, cuatro pasamontañas y un cartucho de gas butano idéntico al de un artefacto que la Guardia Civil desactivó en febrero de 2011 en los Juzgados de Betanzos y de otro hallado por la Policía un año antes en un control con motivo de la presidencia española de la Unión Europea. El imputado, según el juez, puso otros dos artefactos -uno compuesto por dos botellas con 2,5 litros de líquido inflamable y 36 bombas de palenque y otro por un litro y medio de gasolina con un spray de butano y dos petardos- bajo una caseta de obra en la zona, explosivos que le ayudó a confeccionar Naya pero que no llegaron a estallar. Mientras, Santín, que les prestó su coche y les entregó un bidón de gasolina, reivindicó la acción en un correo electrónico enviado a un periódico vigués a nombre de Resistencia Galega, en el que subrayaba que esta organización 'proseguirá con las acciones armadas contra todas aquellas empresas, instituciones o personas que se beneficien de la expoliación y destrucción de nuestra tierra'.

Según el diario ABC (2-4-2013),  Naya Gil  pagó parte de la fianza gracias a una colecta llevada a cabo por la «izquierda abertzale» durante unas jornadas  «Gazte Topaguneak», lo que parece altamente improbable.

En el juicio celebrado el 6 de mayo de 2014 en la Audiencia Nacional, Xurxo Rodríguez mostró su arrepentimiento por haber usado la violencia con fines políticos y reconoció que cometió errores porque se sintió presionado, aunque afirmó: "asumo mi responsabilidad, me arrepiento y pido perdón por los hechos".
Durante la vista confirmó que los explosivos con los que fue detenido eran para atentar contra el PP de Moaña (Pontevedra) y dijo que Carlos Calvo le entregó en el parque los explosivos que fueron encontrados en el coche con el que el primero había llegado ese día a Vigo desde su lugar de residencia, Santiago de Compostela. También añadió que entonces llevaba tres meses como militante de Resistencia Galega realizando sabotajes con el fin de conseguir la independencia de Galicia.

La sentencia condena a penas de seis y doce años de prisión, respectivamente, a  Xurxo Rodríguez y Carlos Calvo por la comisión de delitos de integración en organización terrorista y tenencia de explosivos.